El candidato de IU-SIEX a la Presidencia de la Junta presentó ayer en las jornadas intermunicipales celebradas en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres sus propuestas en materia de financiación municipal.
Izquierda Unida defiende el fortalecimiento político de los Ayuntamientos y la plasmación efectiva de su autonomía y suficiencia financiera. Defiende la descentralización de la gestión al ámbito local de todas aquellas materias que por su naturaleza sea posible, por ser este el espacio de mayor cercanía a la hora de abordar las necesidades de los ciudadanos desde una perspectiva integral y porque facilita la participación de la ciudadanía en la gestión de lo público. Defiende un modelo territorial que partiendo del principio de autonomía local, refuerce el papel de los ayuntamientos, evite la duplicidad de actuaciones administrativas, garantice el cumplimiento de las competencias de cada administración en el espacio del municipio y establezca mecanismos de relación entre ellas, basados en los principios de colaboración y cooperación. Este modelo, es simplemente el definido en nuestra Constitución, que hasta la fecha ningún Gobierno ha querido desarrollar plenamente. En los 25 años que llevamos de democracia los Ayuntamientos han sido los grandes olvidados. A pesar de ello, los municipios como administraciones más cercanas de la ciudadanía, han venido desarrollando en este tiempo un entramado de servicios muy superior a los que su escaso nivel de financiación les permitía. Los municipios han tendido al endeudamiento y a la consolidación de un gasto necesario para cubrir servicios que no prestaba la administración competente o cuya prestación era insuficiente, con los consiguientes problemas financieros.
La necesidad de un PACTO LOCAL que solucione estos problemas, parece ser asumido por todos los partidos políticos, sin embargo tanto el Partido Popular como el PSOE, bien desde el Gobierno del Estado o desde las Comunidades Autónomas que dirigen, no han tomado aún medidas , ni políticas ni legislativas que avancen hacia el fortalecimiento del poder local, objetivo teórico de dicho PACTO. La mayoría de los Gobiernos Autonómicos legislan en dirección al recorte de la autonomía local, dándose la paradoja de que se están delegando competencias sin su financiación, e incluso muchos Ayuntamientos están siendo obligados a asumir inversiones de otras administraciones anticipando los fondos y asumiendo los gastos de gestión y financiación. Las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno del PP , como la reducción de la cesión obligatoria de suelo a los Ayuntamientos, la propuesta de eliminación del IAE, la Ley de Estabilidad Presupuestaria o la impugnación sistemática de los convenios colectivos firmados por las corporaciones locales, han llevado a los Ayuntamientos a una posición crítica, que obligan a poner como prioridad política la reforma competencial y del sistema de financiación de los municipios. Hay que recordar que el PP se negó a debatir conjuntamente la financiación autonómica y municipal, a fin de crear una estructura estable en el conjunto del Estado, negándose también a que los Ayuntamientos formasen parte del Consejo Interterritorial de Política Fiscal y Financie
El PACTO LOCAL que IU propone, se basa en los ejes siguientes:
Subsidiariedad
Los Ayuntamientos asumirán aquellas competencias que por capacidad y cercanía, se puedan prestar mejor a los ciudadanos desde el ámbito local.
Claridad competencial
Es importante establecer el marco de competencias exclusivas y compartidas entre las diferentes Administraciones: Estatal, Autonómica y Local, definiendo el método de gestión de dichas competencias, atendiendo al principio de colaboración y cooperación.Frente a la definición competencial entre el Estado y las CC.AA., que contempla la Constitución, los Ayuntamientos no tienen definidas sus competencias. La Ley de Bases de Régimen Local contiene un listado de competencias, señalando a su vez un marco competencial residual referido a aquellas cuestiones que no sean competencia de otras administraciones, sin especificar cuales. Con esta definición tan ambigua se han ido consolidando situaciones que, en ocasiones, han provocado la doble actuación administrativa por parte de CC.AA. y Municipios en idénticas materias, debido a la superposición tanto del contenido competencial como del ámbito territorial donde se actúa. Además una profusión de normativas del Estado y las CC.AA. que han ido atribuyendo nuevas competencias y obligaciones a los Ayuntamientos, en el ejercicio de su capacidad legislativa, sin prever la cobertura de financiación para su cumplimiento. Esta situación debe clarificarse para conseguir que los criterios de eficacia, eficiencia y calidad sean una realidad.
Suficiencia financiera
Uno de los retos del Pacto Local debe ser el establecimiento de un sistema de financiación local que asegure la suficiencia financiera de las Corporaciones locales para que garantizar los servicios que les correspondan, en un marco de descentralización y coordinación interadministrativa. Para ello es necesario evaluar el coste real de dichos servicios, así como reformar la propia Ley de las Haciendas Locales, que debe establecer los mecanismos necesarios para conseguir los recursos suficientes para su financiación. Cualquier obligación referida al control del gasto publico que se pretenda imponer a los Ayuntamientos, debe tener como requisito previo la solución de la financiación local.
Los Ayuntamiento como parte del Estado
El Pacto Local debe reconocer los Ayuntamientos la capacidad de ejercer su autonomía política respecto a la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito del territorio del término municipal. La claridad competencial y la suficiencia financiera deben contribuir a que los Ayuntamientos establezcan relaciones con las otras administraciones no basadas en el tutelaje, sino en la autonomía, el respeto y la colaboración.
Asegurar la calidad de los servicios públicos
El Pacto Local debe fijar como objetivo fundamental mejorar la calidad de los servicios públicos que se presten. El desarrollo del Pacto Local a nivel del Estado, debe gravitar sobre tres ejes de trabajo:
a) La financiación estatal ,incrementando las aportaciones y abordando de una vez la participación de los Ayuntamientos en los tributos del Estado;
b) La participación de los Entes Locales en la definición de las políticas estatales que les afectan;
c) La reforma de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL), revisando las competencias de los Ayuntamientos, adecuándolas a la nueva realidad existente en nuestro país y a las nuevas exigencias que la incorporación en la Unión Europea implica. No hay que olvidar que tanto la Carta Europea de la Autonomía Local, como la normativa europea, obliga a replantearse el modelo establecido en la LRBRL de 1985. Este esfuerzo de definición permitiría dar una mayor claridad al ámbito competencial, y sobre todo serviría de base a las diferentes CC.AA. y a los Ayuntamientos, para establecer unos criterios mínimos de espacio competencial que como tal permitirían una base común en los diferentes Pactos Locales autonómicos.
